Defensoría del Pueblo de la Nación

Jornada sobre Seguridad Vial en la República Argentina

Asociación de Ayuda Al Accidentado
Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma
Asociación Carla Arduini
CESVI (Centro de Experimentación y Seguridad Vial Argentina)
Fuserc (Fundación sobre el seguro y la responsabilidad civil).
Asociación amor y respeto al prójimo.
ACA (Automóvil Club Argentino)
ISEV (Instituto de Seguridad y Educación Vial).
AAC (Asociación argentina de Carreteras).

Organizaciones Participantes:
Madres del Dolor
Asociación Revivir
Red Nacional de Víctimas del Tránsito
Alerta Vial
Polo de Desarrollo Educativo Renovador
Facultad de Ingeniería (UBA)
Asociación Argentina de Seguros
Conclusiones finales:
El Defensor del Pueblo de la Nación juntamente con las organizaciones participantes acuerdan los siguientes puntos de diagnóstico y la necesidad de que se tomen las medidas detalladas seguidamente, atento a la grave situación de inseguridad vial que afecta los derechos humanos en la República Argentina:

Resulta necesaria la declaración de "emergencia vial" en la República Argentina para poner un punto final a la pérdida de vidas y a la vulneración de la integridad física y psíquica de las personas a causa de siniestros del tránsito.

La política de seguridad vial debe formar parte de la política general de protección de los derechos humanos.

Se considera indispensable una política especialmente dirigida a la educación vial como parte de la educación en derechos y la formación de una conciencia ciudadana.

La educación vial debe incorporarse a la currícula del sistema educativo pero también debe alcanzar a quienes no forman parte de él, brindando información adecuada para prevenir los siniestros viales.

Existe una especial preocupación por que la formación en seguridad vial alcance a la población joven.

Es muy relevante la educación vial de los niños, pues ellos son transmisores del cambio en el seno familiar.

Es necesario poner en ejecución plena el Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito.

Es indispensable procurar la unificación de los criterios de expedición de licencias de conducir, garantizando una licencia de calidad que acredite la capacitación de los conductores y las conductoras.

Es indispensable que se concrete una progresiva modificación infraestructural que priorice la construcción de rutas seguras.

El Estado debe procurar, a través de la creación normativa y la fiscalización, el aseguramiento del 100% del parque automotor.

La política de seguridad vial requiere de una asignación presupuestaria y la creación de una autoridad nacional de seguridad vial en el ámbito de las estructuras superiores del Estado.

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