Defensoría del Pueblo de la Nación

La Defensoría del Pueblo de la Nación celebra la decisión de implementar un Régimen Especial de Regularización Migratoria para inmigrantes de Senegal, CARICOM, República Dominicana y Cuba

La Defensoría del Pueblo de la Nación celebra la decisión de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) de implementar un Régimen Especial de Regularización Migratoria para extranjeros nacionales de Senegal y miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM), República Dominicana y Cuba

La Defensoría del Pueblo de la Nación celebra la decisión de implementar un Régimen Especial de Regularización Migratoria para inmigrantes de Senegal, CARICOM, República Dominicana y Cuba

Estas disposiciones vienen a cumplimentar el artículo 17 de la Ley N° 25.871 de Migraciones que establece que el Estado Nacional debe adoptar medidas tendientes a regularizar la situación migratoria de los extranjeros, facultando a la DNM para dictar disposiciones que simplifiquen y agilicen los trámites administrativos a ese fin.

Existe una importante cantidad de residentes senegaleses y originarios de la región del Caribe (destacándose haitianos, dominicanos y cubanos) que, pese a haber demostrado su voluntad de arraigo en el país, no cuentan con la totalidad de la documentación exigible para obtener su residencia legal.

Esta genera dificultades para su inserción en el mercado de trabajo formal, impidiendo situación no sólo el acceso a sus derechos sino también el pleno ejercicio de sus deberes y obligaciones. De este modo quedan en una situación de vulnerabilidad y en riesgo de convertirse en víctimas de tráfico y de trata de personas, sobre todo teniendo en cuenta la existencia de una alta composición de mujeres de estos grupos migrantes.

Cabe resaltar que el plazo para acogerse a los términos del presente Régimen Especial se extenderá por 90 días a partir de su entrada en vigencia el pasado 3 de junio.

La Defensoría del Pueblo de la Nación aprecia estas medidas ya que constituyen un avance en la ampliación de derechos, en el acceso a la justicia y un reconocimiento a la dignidad humana de todas estas personas de buena voluntad que quieren habitar el suelo argentino.

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